"Tanto el señor Peña como el señor Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. No han entendido el punto. En las democracias modernas, a las que México aspira a incorporarse, la clase de arreglos de mutuo beneficio que parece han establecido con el Grupo Higa, son considerados un comportamiento inaceptable", sentencia el semanario en "Bello", su columna semanal sobre el continente americano.
De Ayotzinapa a la casa en Ixtapan de la Sal, pasando por la 'Casa Blanca' y la cancelación del tren a Querétaro, The Economist enumera los escándalos de corrupción que han marcado los últimos meses del sexenio.
"Los últimos meses han mermado la autoridad que él (Peña Nieto) utilizó para lograr las reformas", advierte la columna incluida en el número de la revista a publicarse el sábado.
En todos estos escándalos, destaca, priva la impunidad.
"Otra cosa que falta es rendición de cuentas. Nadie se ha hecho responsable y renunciado por las fallas de seguridad, el sórdido contrato del tren o los conflictos de interés. Nadie ha vetado a Grupo Higa de los contratos gubernamentales mientras es investigada de manera independiente, aunque fuera sólo para establecer su inocencia".
"No entienden que no lo entienden", señaló un alto funcionario mexicano a la revista.
Pero si el gobierno no lo entiende, los mexicanos sí, asegura la publicación.
"La aprobación de Peña ha caído al 40 por ciento, cerca del punto más bajo en la historia de México", subraya.
El cinismo que el usurpador está generando, advierte The Economist, tiene como principal beneficiario a Andrés Manuel López Obrador, a quien describe como 'un populista mesiánico que casi ha ganado la presidencia en dos ocasiones'.
El semanario, con influencia en círculos políticos y económicos de todo el mundo, destaca cómo Brasil, a diferencia de México, sí está tomando medidas para combatir la corrupción.
"Si en serio quieren atacar la corrupción y los conflictos de interés, los líderes políticos mexicanos pueden tomar el ejemplo de Brasil", sugiere.
"Gracias a procuradurías y cortes ferozmente independientes, y a una nueva y robusta ley anticorrupción, los brasileños pueden confiar en que los escándalos en Petrobras serán investigados y castigados, incluso cuando las huellas apunten a la propia Presidenta Rousseff".
"En 1992, un presidente brasileño fue desaforado por corrupción; más recientemente, varios ministros fueron forzados a renunciar por contratos sospechosos o ligas poco éticas con intereses privados. Decenas de funcionarios de empresas de la construcción contratada por Petrobras enfrentan cargos criminales", apunta.
Por desgracia, lamenta la revista, los cambios que México necesita para que algo así sucediera en el país, están estancados.
"Las propuestas para una Procuraduría (de justicia) independiente y una agencia anticorrupción deben apresurarse. Desgraciadamente, los partidarios de Peña quieren que esta última quede bajo control del gobierno)", enfatiza The Economist.
Con información de Reforma
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