La enmienda a la Ley de la transición energética contempla que quien incurra en esta práctica podría pasar hasta dos años en prisión y una multa de hasta 300 mil euros, sin contar las multas contempladas en la Ley de consumo.
La obsolescencia programada o planificada se usa en especial con aparatos, electrodomésticos, focos y una infinidad de productos, cuya vida útil podría ser bastante prolongada, si los productores así lo decidieran.
Con esta medida, los diputados franceses estarían asumiendo que esta práctica por parte de cientos de empresas se trata de un engaño deliberado al consumidor.
Con información de emeequis
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