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Desde las gradas de invitados, la diputada del PRD local, Selene Vázquez, reclamó a gritos que eso no era cierto, y muestra de ello es la ejecución del empresario minero Sergio Corona Barragán, ocurrida apenas tres horas antes en el centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Y peor aún: la legisladora exhibió el video del martes 6, donde en lugar de “comer tacos a las tres de la mañana”, grupos de autodefensa se enfrentaban con miembros del ejército y policía federal (PF) peñistas desde las 3:00 y hasta las 8:00 horas de ese día.
La comparecencia de Alfredo Castillo, quien cumple un año en el cargo, se centró en dos hechos, el enfrentamiento en La Ruana del 12 de diciembre entre dos grupos de autodefensas y que tuvo como resultado nueve personas muertas, y el del 6 de enero, con otras más abatidas.
“¿Qué está pasando en Michoacán?”, reclamaron los panistas Fernando Rodríguez Doval, Carlos Alberto García González y Pilar Ortega Martínez –desde una de las curules la senadora Luisa María Calderón recriminaba a Alfredo Castillo y pedía la palabra, aunque nunca se la dieron–, además de la petista Lilia Aguilar; el resto de los legisladores, entre ellos perredistas, priistas, del PVEM y MC nunca cuestionaron al funcionario federal.
Inició entonces el reparto de culpas: Castillo dijo que el PRD entregó un “Estado fallido” y, en cuanto a los panistas, les dijo que fueron ellos quienes cometieron “el error” al dar por muerto a Nazario Moreno, líder de los Templarios, lo que llevó a que la situación se acrecentara, pues actuaron los criminales con mayor impunidad.
“Lo que más ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran error de declarar muerto a El Chayo Moreno. Eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de todas estas personas, porque esto lo único que hizo fue que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando”, denunció.
Castillo reclamó a los panistas que el Cisen, durante la administración de Felipe Calderón, no les pudo decir que El Chayo estaba vivo; luego se ufanó: “Algo que en tres semanas yo ya sabía”.
Según la exposición de Alfredo Castillo, lo que ocurrió en Michoacán es que la población civil se armó para combatir a Servando Martínez, La Tuta, uno de los líderes de los Caballeros Templarios; luego llegó el gobierno federal y legalizó a las autodefensas llamándolas policías rurales.
Sin embargo, argumentó, al debilitar a los líderes del crimen organizado, las autodefensas se empezaron a pelear entre sí, a diputar liderazgos.
Lilia Aguilar, diputada del PT, pidió cifras al comisionado: ¿Cuántas autodefensas han sido encarceladas y cuántos policías estatales también han sido desmovilizados o encarcelados?
Además, emplazó al funcionario federal: ¿Cuántos salvoconductos ha dado a todas aquellas personas que están relacionadas con el crimen organizado, “y que se dice por ahí en Michoacán que usted ha perdonado”, y que incluyó luego a las autodefensas, que los armó? ¿Por qué se revelaron las autodefensas contra la gendarmería y el ejército?
“Pero sobre todo, señor comisionado-virrey, nos interesa saber por qué el ejército les disparó a hombres y mujeres desarmados en Apatzingán y Múgica”, dijo Aguilar.
Alfredo Castillo no aguantó más. Reclamó respeto, pidió que no le dieran apodos como el de “virrey”, y aseguró que “no tengo la más mínima facultad para dar un salvoconducto a ninguna persona”.
Y tampoco, agregó, “hay autodefensas encarcelados; lo que tenemos es gente con carácter de persona que en su momento cometieron un delito, pero ninguno ha sido consignado por el simple hecho de autodenominarse o de ser llamado autodefensa”.
En el caso de los militares, acotó, “diría que no hay un solo elemento o indicio que diga que el ejército disparó a los elementos de Apatzingán, y no hay una sola persona lesionada que tenga que ver con la parte civil, y la única persona que perdió la vida fue precisamente por sus propios compañeros en un automóvil, porque en lugar de ponerle reversa, puso el coche para adelante”.
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