La madrugada del 30 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, un comando armado disparó en la colonia Villas de Salvárcar contra tres casas. Una de ellas resguardaba a adolescentes que celebraban una fiesta, dieciseis de ellos fallecieron.
De acuerdo a la primera línea de investigación que se definió, el ataque se debió a que el comando estaba en la búsqueda de un individuo que estaba ligado al crimen organizado. Las casas con número 1306, 1308 y 1310 fueron el blanco del grupo armado.
Los cadáveres de estudiantes del plantel 9 del Colegio de Bachilleres y del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, así como un estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron recogidos dentro de la casa pero también en los patios traseros de varios hogares debido a que fueron alcanzados por las balas mientras intentaban huir de los disparos.
Tres adultos resultaron muertos tras salir de sus viviendas después de escuchar la balacera e intentar ayudar a sus hijos e hijas. Aproximadamente 60 estudiantes se encontraban en la fiesta de cumpleaños.
Luego de que los padres intentaran comunicarse, sin tener éxito, con el servicio de emergencias, comenzaron a subir a los heridos a los autos para llevarlos ellos mismos a diferentes hospitales. En las declaraciones, los padres de familia señalaron que "soldados y policías llegaron tarde y en vez de ayudarnos, nos ordenaron que no moviéramos a los heridos".
Calderón califica a los estudiantes de 'pandilleros'
Durante los hechos, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se encontraba en Japón realizando una gira de trabajo. Al dar un mensaje con respecto a los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, aseguró que el asesinato de los jóvenes se había dado debido a que éstos pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, al narcomenudeo, que eran pandilleros y que ése había sido el móvil de la masacre.
El entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció disculpas a la ciudadanía y a los padres por las "equivocadas palabras" del panista y aseguró que sus declaraciones se debieron a una confusión en la información que recibió de los hechos.
Ante las acusaciones, los padres de familia exigieron a las autoridades limpiar el nombre de sus hijos e hijas ya que, aseguraban que éstos, no tenían ningún vínculo con la delincuencia y que eran estudiantes que se dedicaban a hacer deporte y a trabajar después del colegio.
Detienen a responsables
En julio de 2011, cuatro de los supuestos 20 sicarios que perpetraron la matanza de estudiantes, fueron sentenciados a 240 años de prisión y a pagar una indemnización a los deudos.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General del estado, José Dolores Arroyo Chavarría, Aldo Flavio Hernández Lozano, Juan Alfredo Soto Arias y Heriberto Martínez fueron hallados culpables por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y homicidio simple.
Cinco años después
Tras cinco años de la masacre, padres de familia decidieron demandar y pedir una indemnización, además de enviar una carta al usurpador Enrique Peña Nieto explicando los motivos de la demanda.
De acuerdo a la orientación legal que reciben los deudos, cada uno debe recibir entre uno y dos millones de pesos, según lo que establece la Ley General de Víctimas.
Debido a que se comprobó que el ataque fue perpetrado por integrantes del crimen organizado y que se usaron armas de grueso calibre prohibidas por la ley, el delito debe ser atraído por la Procuraduría General peñista y ser investigado como delito federal. Será cuando el crimen sea calificado como delito de caracter federal, que los padres podrán acceder a la indemnización. Sin embargo, a cinco años, no hay nada claro.
Con información de Red Política
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