Sin motivo alguno un hombre pateo y tiró a una mujer en la avenida Diagonal en Barcelona, España; la agresión fue grabada en video por un compañero y subida a las redes sociales. Ambos sujetos están siendo buscados por la policía




La policía española solicitó ayuda a usuarios de internet y a la sociedad en general para identificar a los autores de un video difundido en las redes sociales en el que se muestra a un hombre que, aparentemente, sin motivo y sólo por diversión patea a una mujer y corre del lugar.

La agresión ocurre en el lugar que la policía identificó como la avenida Diagonal en Barcelona, reporta el diario El País.




"Pero qué haces, gilipollas", es lo único que se escucha decir al hombre que graba el suceso mientras su compañero se muestra a la cámara realizando un conteo para proceder con su agresión contra la mujer que se encuentra de espalda esperando en un cruce y a la cual patea por los talones provocando su caída.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales causando rechazo y una gran indignación entre los internautas, lo que ha derivado en una búsqueda policial de ambos sujetos para fincar responsabilidades, incluidas las penales.

Agencias

España no sale bien parada en el informe que han elaborado los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con las conclusiones de su visita a Madrid en marzo del año pasado para supervisar el desarrollo de las Marchas por la Dignidad 22-M.



El documento no incluye ningún comentario ni recomendación sobre los graves altercados de aquel día, que se saldaron con 67 policías heridos, pero sus autores denuncian la contundencia con la que las autoridades españolas persiguen y sancionan habitualmente a los ciudadanos que participan en manifestaciones no comunicadas, aunque sean pacíficas, y también la petición de responsabilidades a los organizadores de las protestas.

Las críticas figuran en el informe "Seguimiento de la Libertad de la Reuniones Pacíficas", un documento de 104 páginas que han elaborado los observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, en inglés) de la OSCE tras inspeccionar in situ el ejercicio del derecho de manifestación en diferentes países europeos entre mayo de 2013 y julio de 2014.



La única protesta monitorizada en España por los funcionarios de la OSCE, precisamente fue una de las más violentas que se han registrado desde el inicio de la era democrática, las marchas del 22-M. La cita discurrió en realidad sin altercados durante toda la jornada. Sin embargo, justo cuando los organizadores ya estaban leyendo el comunicado final de la manifestación, en torno a un millar de radicales de extrema izquierda lanzó un ataque contra los policías antidisturbios.

Los incidentes se saldaron con abundante mobiliario destruido, más de una veintena de detenciones y 67 policías heridos, un balance sin precedentes que llevó a las Unidades de Intervención Policial (UIP) a denunciar la permisividad que en su opinión impuso ese día el Ministerio del Interior para no transmitir una mala imagen a los observadores internacionales.



Los enviados de la OSCE no emiten ningún dictamen sobre los incidentes, a pesar de que los presenciaron en directo y dispusieron de abundante información en tiempo real. El dictamen del organismo europeo se limita a relatar por orden cronológico y con absoluta frialdad cómo se desencadenaron los hechos, sin efectuar ningún tipo de valoración al respecto.

Pero los observadores sí se extienden, en cambio, sobre las precarias condiciones en las que a su juicio se ejerce el derecho de manifestación contra España. Su dictamen en este sentido es contundente. El informe denuncia que la legislación española contemple sanciones contra los promotores de manifestaciones que no hayan sido prohibidas por el mero hecho de que no se hayan comunicado previamente. Asimismo, censura que los ciudadanos que participen en esas manifestaciones no prohibidas puedan ser igualmente multados.

Con información de El Confidencial

En un escrito presentado a la Fiscalía General del Estado, el ex coronel ofrece pruebas sobre la muerte de Alfonso de Borbón, hermano del monarca, e incluso asegura que fue un crimen ordenado por Franco.



Casi seis décadas después de que un disparo acabara con la vida del hermano del Rey Juan Carlos, el ex coronel republicano Amadeo Martínez Inglés ha pedido este lunes a la Fiscalía General del Estado que investigue la responsabilidad del monarca en este caso. El escándalo está servido: Martínez Inglés asegura que la muerte de Alfonso de Borbón no fue un accidente –tal como indicó el Estado franquista desde el minuto cero-, sino que se trataría de un crimen “de carácter político, ordenado por el dictador Franco, planificado por sus servicios secretos y ejecutado por la persona que durante treinta y nueve años ha ostentado sobre su cabeza la corona de España”. O lo que es lo mismo, el Rey Juan Carlos de Borbón.

A primera hora de la tarde de este lunes, el propio Martínez Inglés filtró lo que podría convertirse en un nuevo vía crucis judicial para este coronel, expulsado del ejército en 1990 por sus habituales apariciones en los medios de comunicación. Una de sus últimas polémicas se zanjó en marzo de 2013, cuando el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional le impuso una multa de 6.480 euros por un delito de injurias graves contra la Corona. El motivo no había sido otro que el artículo publicado por este ex militar en la Web Canarias-Semanal, donde se despachó a gusto contra el Rey: “putero”, “borracho” y “cabrón”, fueron algunos de sus calificativos.

Martínez Inglés asegura tener pruebas que demostrarían la responsabilidad del rey Juan Carlos en el asesinato de su hermano

Tras aquella sanción, Martínez Inglés vuelve ahora a la carga con uno de los temas más oscuros de la biografía de Juan Carlos: la muerte del infante Alfonso de Borbón, ocurrida el 29 de marzo de 1956 cuando se encontraba junto a su hermano Juan Carlos en Estoril (Portugal). “Mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos”, resumía la declaración dada a conocer esa misma noche por la dictadura española. A partir de entonces, la versión del disparo accidental se instaló como la única posible.

“Secreto de Estado”

Sin embargo, Martínez Inglés asegura tener pruebas que demostrarían la responsabilidad del Rey Juan Carlos en aquel hecho. En el escrito presentado a la Fiscalía, el ex coronel sostiene que este episodio, “por decisión conjunta de los Gobiernos totalitarios de ambos países ibéricos”, pasaría a las “cavernas de la censura y el olvido”, principalmente en España, donde “el oscuro homicidio sería declarado secreto de Estado tanto para los medios informativos como para la clase política y ciudadanía en general”. “Han pasado casi sesenta años (…) y las circunstancias que rodearon aquélla extraña muerte siguen sin aclararse adecuadamente”, subraya en el documento al que ha tenido acceso Público.

El ex coronel calificó a Juan Carlos I de "putero, borracho y cabrón" en la web Canarias-Semanal

El ex militar –que en febrero de 2014 publicó un libro sobre este asunto, titulado La muerte de El Senequita- sostiene que la muerte de Alfonso de Borbón no se produjo en Estoril, sino en el palacio Las Cabezas, situado en la localidad de Casatejada (Cáceres). El cambio de escenario es uno de los datos más impactantes que figuran en su escrito, en el que también destaca que el Rey Juan Carlos era por entonces “un profesional del ejército, caballero cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con más de seis meses de instrucción militar intensiva y otros seis de instrucción premilitar”, por lo que se le presuponía un “experto en toda clase de armas portátiles de las Fuerzas Armadas españolas”.

En tal sentido, Martínez Inglés advierte que el Rey Juan Carlos también conocía “los protocolos de actuación que marcan los reglamentos militares españoles para el uso, limpieza, desarmado, armado, equilibrado, preparación para el disparo (…) de cualquier arma portátil y en particular todas las precauciones que debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo de instrucción o combate”.

Entre otros aspectos, el ex coronel republicano destaca que “el pequeño proyectil de 6,35 mms, que difícilmente hubiera podido traspasar la bóveda craneal del desgraciado infante si el disparo hubiera seguido una línea de tiro directa hacia su cabeza, curiosamente buscó una anómala dirección de abajo a arriba para penetrar por sus fosas nasales y poder alojarse así sin ningún impedimento en su cerebro causándole la muerte instantánea”.

Martínez Inglés sostiene que se trató de "un homicidio involuntario o un asesinato"

“La previsible trayectoria del disparo resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro sin influencia alguna del tirador”, subraya, al tiempo que recuerda que “la pistola causante de la tragedia, según declaró en su día el padre del homicida, D. Juan de Borbón, fue lanzada por él mismo al mar, sin que la policía o los jueces portugueses pudieran examinarla, con lo que se hurtaba a la justicia una prueba fundamental”. “Nada de accidente fortuito. Homicidio imprudente o asesinato premeditado”, afirma un contundente Martínez Inglés. Su escrito a la Fiscalía General del Estado ha sido acompañado por lo que él mismo definió como un “trabajo histórico de investigación (…) de los que se derivan clarísimas responsabilidades penales para el ciudadano español que lo cometió: Juan Carlos de Borbón”.

Nada más filtrar este documento, el ex coronel aseguró que la abdicación del Rey Juan Carlos y el consiguiente fin de su “inviolabilidad constitucional” creaban el marco adecuado para iniciar una investigación judicial. Tras remarcar que desde marzo de 2013 maneja “unas informaciones muy relevantes” sobre este asunto, Martínez Inglés no dudó en calificar la muerte de Alfonso de Borbón como un “presunto asesinato o fratricidio premeditado por parte del que ha sido rey de España durante treinta y nueve años”. Sin pelos en la lengua, el militar pide aclarar si el monarca quiso “quitar abruptamente de la carrera por la corona franquista de España a su propio hermano D. Alfonso (…) por el expeditivo sistema del tiro en la cabeza”. Ahora espera una respuesta de la Fiscalía.



Con información de Público.es