El documento no incluye ningún comentario ni recomendación sobre los graves altercados de aquel día, que se saldaron con 67 policías heridos, pero sus autores denuncian la contundencia con la que las autoridades españolas persiguen y sancionan habitualmente a los ciudadanos que participan en manifestaciones no comunicadas, aunque sean pacíficas, y también la petición de responsabilidades a los organizadores de las protestas.
Las críticas figuran en el informe "Seguimiento de la Libertad de la Reuniones Pacíficas", un documento de 104 páginas que han elaborado los observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, en inglés) de la OSCE tras inspeccionar in situ el ejercicio del derecho de manifestación en diferentes países europeos entre mayo de 2013 y julio de 2014.
La única protesta monitorizada en España por los funcionarios de la OSCE, precisamente fue una de las más violentas que se han registrado desde el inicio de la era democrática, las marchas del 22-M. La cita discurrió en realidad sin altercados durante toda la jornada. Sin embargo, justo cuando los organizadores ya estaban leyendo el comunicado final de la manifestación, en torno a un millar de radicales de extrema izquierda lanzó un ataque contra los policías antidisturbios.
Los incidentes se saldaron con abundante mobiliario destruido, más de una veintena de detenciones y 67 policías heridos, un balance sin precedentes que llevó a las Unidades de Intervención Policial (UIP) a denunciar la permisividad que en su opinión impuso ese día el Ministerio del Interior para no transmitir una mala imagen a los observadores internacionales.
Los enviados de la OSCE no emiten ningún dictamen sobre los incidentes, a pesar de que los presenciaron en directo y dispusieron de abundante información en tiempo real. El dictamen del organismo europeo se limita a relatar por orden cronológico y con absoluta frialdad cómo se desencadenaron los hechos, sin efectuar ningún tipo de valoración al respecto.
Pero los observadores sí se extienden, en cambio, sobre las precarias condiciones en las que a su juicio se ejerce el derecho de manifestación contra España. Su dictamen en este sentido es contundente. El informe denuncia que la legislación española contemple sanciones contra los promotores de manifestaciones que no hayan sido prohibidas por el mero hecho de que no se hayan comunicado previamente. Asimismo, censura que los ciudadanos que participen en esas manifestaciones no prohibidas puedan ser igualmente multados.
Con información de El Confidencial
Comentarios: